Resumen en español

La Constitución Política de 1991 definió para Colombia, el modelo de democracia participativa, procurando incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones y en el control de la gestión de los entes estatales, debido a que los estados son conformados o integrados por la administración pública y que tienen como finalidad la cobertura de determinadas prestaciones a los habitantes. Por lo cual es obligación del Estado velar por crear y proteger las herramientas que él considere necesarias para que los ciudadanos tengan una vida digna y justa. Es por esto que desde los inicios de los años 90´ el Estado colombiano se preocupó por mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, estableció normas que regulan esta actividad, ya que estos servicios pueden cumplir una función económica o social, o ambas, y pueden ser prestados de forma directa por las administraciones públicas o bien de forma indirecta a través de empresas públicas o privadas, el marco legal busca que las instituciones que trabajan en este sector optimicen su labor, además crean herramientas para que los usuarios puedan controlar y evaluar si estas instituciones están de acuerdo con las necesidades que presenta la comunidad.