Caracterización de conocimientos que tiene el fonoaudiólogo egresado entre el año 2006 y 2010 para el rol de orientador en vulneración de derechos a personas con discapacidad.
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Resumen en español
El término de discapacidad ha sido un concepto debatido a nivel mundial por las connotaciones y denotaciones que este tiene, sin embargo la atención a la población con discapacidad ha tenido grandes avances en el cual se pasó de la prestación de servicios desde un modelo biomédico asistencial a un modelo ecológico social en el que se tienen en cuenta otros factores diferentes al daño fisiológico y anatómico del cuerpo, tales como la participación de los sujetos dentro de los diferentes contextos en los cuales se desarrolla. A partir de estos cambios se esperaría que la concepción que tienen los profesionales egresados de fonoaudiología de la Universidad del Valle en el periodo 2006 a 2010, acerca de la población con discapacidad sea de sujetos con derechos y deberes que requieren de orientación adecuada para el alcance máximo de sus necesidades, desarrollo y derechos, teniendo en cuenta las dificultades que presenta la población con discapacidad en cuanto al acceso a los diferentes servicios que promueven el desarrollo y/o la calidad de vida (servicios de salud, educación, de productos y tecnología, de cultura y recreación, entre otros). Es por esto que el planteamiento del problema del presente trabajo está dado por los conocimientos que tiene el profesional en fonoaudiología y los que necesita para el rol de orientador en vulneración de derechos a personas con discapacidad, teniendo en cuenta la población con la que tiene mayor contacto, las problemáticas de mayor frecuencia, el concepto de rol de orientador, las acciones realizadas por los profesionales frente a las situaciones planteadas por la población con discapacidad, entre otros aspectos que permitieron determinar los temas o tópicos en los que se deben profundizar y conocer para brindar una orientación adecuada y asertiva como son: instituciones gubernamentales y privadas de protección, rutas de acceso a servicios, derechos de las personas con discapacidad, mecanismos de interposición de derechos, y ejecución adecuada de acciones de tipo jurídico, político y social.